La historia no perdona

De totalitaristas y prepotentes

La Carta Magna siempre estuvo y estará fuera del alcance de los autoritarios, sean estos militares o civiles, y en nuestro país, tenemos sobrados representantes de ambas corrientes a quienes la pluma y la palabra les parecen poca cosa y el diálogo, una perdida de tiempo.

R.A.Spaggiari para fps/D21 y la Web.

Justamente porque las herramientas de la cordura, razón, derecho y legalidad es pisoteada, cuando esto sucede nuestra Constitución parece ejercer, sobre la ciudadanía una atracción especial, que quizás en otros momentos del devenir cotidiano, se pasa desapercibida, y la vida de los argentinos discurre entre piquetes, asaltos, dimes y diretes del político de turno, generalmente Alberto Fernández, devaluaciones y decretos intempestivos o antojadizos del ejecutivo, llamados, eufemísticamente Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU, digo esto porque siempre se “Justifica” una urgencia o necesidad en el marco del descontento general que crea una administración prepotente, autoritaria y sin diálogo.
En ese contexto se desarrolla una administración que ha hecho gala de la soberbia, la prepotencia, el autoritarismo y en concordancia con estas actitudes que generan permanente distanciamiento de la sociedad, muy molesta y más enojada que comienza a renegar de ciertas actitudes benéficas que los Kirchner realizaron en un comienzo, principalmente en los primeros tiempos del mandato de Néstor Kirchner.
Esas primeras actitudes benéficas, hoy vistas como demagógicas, se desdibujan ante el cúmulo de arbitrariedades, caprichos, desobediencia y atropello a las leyes de la Nación y fundamentalmente a su Carta Magna a la que tanto pregonan deberse.
Nuestra historia reciente esta plagada de nombres que de tiempo en tiempo recrean nuestra memoria y no me estoy refiriendo ni a los militares ni al “Proceso de Reorganización Nacional”, ni siquiera al derrocamiento de un Presidente constitucional como lo fuera Dn. Arturo Humberto Illia, ya que todos esos actos fueron perpetrados por los militares, casi siempre convocados por conspicuas figuras civiles del que hacer político nacional.
Individuos que supieron mantenerse en las sombras, aunque nunca pasaron plenamente desapercibidas para la opinión pública, que los sufría desde sus respectivos cargos en cuanto sitio de privilegio podían ejercer su nefasto, “Servicio a la Nación”.
Quizás esta vocación autoritaria, omnipotente y trasgresora de los derechos populares sea la circunstancia que no permite una oposición coherente, unida y de conducta clara, que nos ofrezca propuestas que convoquen a la sociedad a un cambio obligándola a optar por lo “menos malo” del espectro político, como una constante de los últimos años de nuestra querida Nación.
El reciente desatino de la Sra. C.F. de K que produjo el D.N.U. solicitando al Banco Central de la Nación Argentina, cuyo Presidente, instalado en ese puesto por el Ejecutivo Nacional, es el ya conocido polifuncionario Martín Redrado, de otras participaciones oscuras y nefastas en la actividad económica-financiera y política de los últimos años.
Es sabido que el Directorio del Banco Central es autónomo del Poder Ejecutivo Nacional y es regulado o controlado por una Comisión bicameral, Senadores y diputados, según consta en la Constitución Nacional y lo establece el Estatuto, modificado, de la entidad.
Esta circunstancia obedece a la razón de proteger de los avatares políticos la actividad financiera y los fondos y reservas de la Nación.
No obstante su independencia los directores, diez e su totalidad vienen desde distintos sectores políticos y en la actualidad muchos de ellos responden a kirchnerismo, sin embargo, según sus estatutos, El Banco Central es una institución Presidencialista ya que otorga a su máxima autoridad cierta libertad para ejercer su mandato sin la auditoria o consenso de su directorio, debiendo consultarlo o informarlo, con posterioridad a la actitud asumida.
Solicitar, mediante un DNU al presidente del Central, el traspaso de fondos de la reserva de la nación, para ingresarlos al tesoro nacional, que si puede manejar el ejecutivo, para el pago de deuda, sin haberlo conversado previamente, sin mediar algún reaseguro o acuerdo previo entre las partes, tiene varias implicancias que Martín Redrado, o cualquiera que estuviera en su lugar debía pensar seriamente.
En este punto el ejecutivo consulto al legislativo y la comisión desaconsejó utilizar los fondos para los fines que solicitaba el ejecutivo, se supone que ante esta consulta de resultado fallido el ejecutivo decidió obiar al congreso y emitió el segundo DNU solicitando la renuncia de Redrado.
En primer lugar: El Presidente del banco podría ser denunciado por “Incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “Malversación de fondos públicos”.
En segundo lugar se estaría habilitando las reservas financieras de la Nación para pagar a los acreedores o bonistas, cuestión que había sido desestimada en reclamos judiciales anteriores realizado por los acreedores.
Y por último de acceder al DNU se estaría desvirtuando las funciones del estatuto de la institución, desconociendo a la bicameral y lo más grave, actuando inconstitucionalmente ya que si bien el Ejecutivo Nacional tiene la facultad de destituir al Presidente del banco central, debe hacerlo exponiendo ante la comisión bicameral los flagrantes delitos que le imputa en su función.
Del análisis y evaluación de la bicameral, no-vinculante por cierto, surgirá el destino del funcionario pero nunca a través de un DNU emitido en un arrebato de poder.
Ninguna de todas esta anomalías detiene a los prepotentes quienes se saben en posesión de la suma de todos los poderes y están dispuestos a utilizarlos para sustentarlos o acrecentar más poder.
La misma actitud asumen al desacatar o ignorar los fallos judiciales de los más altos poderes institucionales de que dispone la Nación.
Para ellos su poder es absolutista al extremo de no incurrir en el exabrupto de un dialogo entre partes involucradas.
Pasó con el capricho con el sector Agropecuario cuyas consecuencias aún no las hemos sufrido en su real magnitud.
Cuando digo esto es porque las consecuencias no las sufrirán los “hacendados”, ni los grandes conglomerados sojeros del país, que los hay, producto de malas políticas de Estado de gobiernos que siempre miraron el crecimiento del país a través de la caja de los bancos. Sus consecuencias negativas la sufrirá toda la sociedad Argentina.
La perdida de los mercados internacionales de la carne, que ya nos ganó Brasil, o de la provisión de granos en el mercado internacional de alimentos, en desmedro de nuestro propio mercado interno.
El total desmembramiento de la producción Láctea y su casi total desarticulación hacen de estos actos caprichosos y arbitrarios motivos suficientes para ejercer un juicio político a los funcionarios que los practican.
No dar cumplimiento a una resolución judicial firme, tal como sucedió con el juicio que la Asociación Indígena de la República Argentina, AIRA mantiene con el Estado Nacional, que ya falló y tiene sentencia firme, luego de sucesivas apelaciones, a favor de la Demandante para que el Demandado, El Estado Nacional, volviera a foja cero en la reglamentación de la Ley 23.302 y la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, ya que mediante un decreto se modificó el espíritu primigenio de la Ley que tanto costo lograr en 1983/85 a los pueblos indígenas del Territorio, y la creación y conformación del Instituto emanado de ella.
La Suprema Corte de Justicia recientemente llamó la atención del ejecutivo por la violación a sus resoluciones, ya que el Estado Nacional en su administración actual, no cumple con los mandatos de la justicia.Este último exabrupto del DNU solicitando el traspaso de fondo y luego ante la negativa de Martín Redrado, otro DNU solicitando su renuncia es la suma de todas las idioteces o caprichos surgidos desde la omnipotencia que otorga el efímero poder político que hasta se permite el lujo de fabricar pobres a unos pocos ricos y muy ricos a unos pocos que nunca fueron pobres.