Esta cuestión antagónica, si se quiere nunca se nos presentó como un dilema a los Argentinos, los subsidios aparecieron en la vida económica de los usuarios para hacerles la vida “más llevadera”, de tal manera que justificara los negociados de los funcionarios que tenían en sus manos la relación con las empresas subsidiadas.
El Estado Nacional debe hacerse responsable de haber otorgado estos beneficios a las empresas, aún cuando al hacerlos el usuario fuera beneficiado durante su articulación pero no fue consultado para su aplicación.
Es cierto que la actual administración ya se encontró con un Estado subsidiador pero no menos cierto es que sus funcionarios usufructuaron los beneficios de los subsidios a empresas deficitarias que jamás reinvirtieron aquello que el Estado les otorgaba.
Quién fuera Secretario de Transporte de esta administración, el cordobés Ricardo Jaime es la figura emblemática de este desquiciado sistema de subsidios inconsultos.
Quizás el único beneficio más genuino y autentico es haberle permitido a los usuarios transitar etapas difíciles de su economía familiar, con mayor soltura.
Sin embargo no menos cierto es que cada administración recibió a cambio la seguridad de un movimiento más fluido del trabajador a sus respectivas actividades.
Entonces ¿Porqué motivo el usuario debe opinar ahora sobre aquello que le impusieron, aún cuando le permitió un cierto alivio en su economía domestica?
No sería lo más correcto que el Estado hallara la forma de eliminar los subsidios manteniendo por un tiempo y en forma gradual las tarifas que el usuario debe pagar, creo que es no sólo una obligación sino un derecho que el usuario se ganó.
