Moral y Ética institucional
La reciente destitución del Dr. Esteban Righi, al frente de la Procuraduría general de la Nación, como corolario de las investigaciones, que este organismo realizaba sobre la persona de Amado Boudou, a cargo de la vise presidencia de la Nación, desnuda ante la opinión pública un nefasto mecanismo de intromisión entre los distintos poderes, en este caso del Ejecutivo Nacional en el judicial.
Ha sido arbitrio de los gobiernos de facto, militar o cívico-militar, de cíclica operación en Latinoamérica, hacer caso omiso de la carta magna de la república y actuar según sus propios intereses sectoriales, en desmedro de la sociedad global y del país en su conjunto, ignorando las nefastas consecuencias, que dichos actos, ejercen sobre la credibilidad en los inversores extranjeros.
Claro esta que no es cuestión de que inviertan y hagan cualquier cosa, nuestro país debe y tiene las herramientas para realizar el control y la regulación de dicho proceso de inversión, concesión o licitación.
Es aquí donde se observan mecanismos de corrupción que atentan contra dichos procesos en desmedro de la sociedad, en primer lugar y en el descrédito del país en el exterior.
En varios artículos anteriores: http://www.diarioxxi.blogspot.com.ar/search?updated-max=2009-10-06T09:19:00-07:00&max-results=7&start=63&by-date=false expresaba mi profunda convicción de la imposibilidad de enseñar valores, esto ante una propuesta de Nacha Guevara, quién proponía hacerlo en las escuelas.
Reitero ahora, ante esta nueva arremetida de la violación institucional, mi posición “Los valores no se enseñan ... Se inculcan con el ejemplo”
Querer manejar las decisiones de los jueces porque estas atacan el accionar de la administración de turno es violatorio del más sano de los procesos institucionales el control sobre el accionar de los funcionarios que deben velar por los intereses de la población, factor fundamental de su presencia política.
Privar de esta única herramienta, que la ciudadanía toda tiene para hacer valer y asegurar sus dignos derechos es, liza y llanamente, corrupción.
Es justamente a este tipo de circunstancias a las que hacía referencia en mis notas anteriores.
Desde esas posiciones de privilegio en las que la ciudadanía electora instala a sus candidatos para que administren los bienes y patrimonio de la Nación, desde donde deberían surgir los ejemplos para toda la sociedad, como una digna respuesta a su voto de confianza.
Este manifiesto deterioro de las instituciones no es arbitrio de un funcionario corrupto sino de una estructura que se lo permite y lo que es aún peor, alienta, encubriendo su accionar y desarticulando aquellas que hacen al contralor de los funcionarios; Titularidad, que generalmente se otorga a la oposición política.
En el Caso de Esteban Righi se había faltado a esta premisa ya que éste había surgido del riñón Peronista. Egresado del Liceo Militar, Abogado, especialista en derecho penal fue Ministro de Interior de Campora desde el 25 de mayo de 1973 – 13 de julio de 1973; Dado el prestigio y reconocimiento del Dr. Righi en la función pública, este requisito pasó desapercibido, hasta ahora que se enfrentó a esta causa. (Ccicone Calcográfica)
Instalar de titular en la Procaduría General de La Nación un funcionario kirchnerista a ultranza y no a un hombre de reconocida trayectoria de la línea de la oposición, sería nefasto.
Además sin la trayectoria que se requiere, tanto en la función judicial como política, que indudablemente ostentaba, sin discusiones, Esteban Righi.
Estas intenciones son la indiscutible prueba de querer acallar las investigaciones del fiscal de la causa Ccicone Calcográfica en la que se encuentra comprometido el Vicepresidente de La Nación.
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